Con decreto, Arce restablece autorización para vidrios polarizados en vehículos y con ello el abuso policial y la corrupción (lea el decreto)
El presidente Luis Arce restituyó la autorización para la utilización de vidrios polarizados en coches y culpó al gobierno transitorio de Jeanine Áñez de haber suprimido esta medida, lo cual se convirtió en un caldo de cultivo para la comisión de delitos en el país.
“Aprobamos el DS 4740 que restablece la autorización para el uso de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos terrestres. De esa manera velamos por la seguridad de nuestra ciudadanía y demostramos, con hechos, nuestro compromiso de lucha contra la delincuencia” (sic), escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter.
(Hilo) Aprobamos el DS 4740 que restablece la autorización para el uso de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos terrestres. De esa manera velamos por la seguridad de nuestra ciudadanía y demostramos, con hechos, nuestro compromiso de lucha contra la delincuencia.
— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) June 16, 2022
Y continuó: “El gobierno de facto vulneró el derecho a la seguridad de las y los ciudadanos, permitiendo el uso sin autorización de vidrios oscurecidos o polarizados, dando lugar al uso de vehículos para la comisión de delitos criminales que, hasta la fecha, suman aproximadamente 1.500”.
El mandato de Áñez, de noviembre de 2019 a noviembre de 2020, retiró esta autorización cuando Arturo Murillo fungía como ministro de Gobierno, bajo el alegato de que se buscaba eliminar “trámites burocráticos”.
Con la promulgación de este decreto supremo no solo se reestablece la prohibición que el MAS impuso desde 2010 en esta temática, regresan también, la extorsión, la corrupción, las bandas criminales de tramitadores y falsificadores de rosetas y el abuso policial en la calles.
La incapacidad del gobierno de Luis Arce queda una vez más demostrada con este decreto que solo levanta una cortina de humo que busca tapar situaciones más de fondo como los autos chutos y robados que involucran a policías y funcionarios del gobierno.
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