Imputan a los “cogoteros” por crimen de periodistas
Los antisociales presentados a los medios de comunicación.Félix Yupanqui (alias “El Matón”) y Adalid Mamani (alias “El Botija”), imputados por el presunto asesinato de los periodistas Verónica y Víctor Hugo Peñasco Layme, la madrugada del 25 de febrero en El Alto, fueron presentados anoche ante los medios de comunicación en La Paz.
Ambos delincuentes fueron capturados el pasado miércoles por el Grupo de Investigaciones de Casos Especiales (GICE) de la Policía Nacional.
"Informar al pueblo boliviano acerca de los últimos operativos realizados por la Policía boliviana en la ciudad de El Alto que derivaron en la aprehensión de dos sospechosos presuntos implicados en el asesinato cruel, salvaje de dos hermanos periodistas, los hermanos Peñasco", explicó el ministro de Gobierno, Carlos, Romero, que compareció en la conferencia de prensa acompañado del comandante General de la Policía, Jorge Santiesteban.
Explicó que los operativos realizados por la Policía permitieron recolectar una serie de instrumentos probatorios, que serán "adecuadamente procesados en la investigación del Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales".
Romero destacó la actuación de la Policía y de sus grupos especiales, además de la participación de los medios de comunicación que posesionaron el debate de la problemática de la inseguridad y el crimen organizado.
También destacó la movilización de los vecinos y de la población que expresó su voz de alarma, de alerta, de desesperación, en algunos casos, por esos casos registrados en la ciudad de El Alto.
El miércoles se había informado de la captura de una mujer cómplice de los sujetos, aunque ayer se descartó eso.
EVIDENCIAS ENCONTRADAS
A su turno, el director Nacional de FELCC exhibió varios objetos que son considerados evidencias, como machetes, toletes, uniformes de Policía, patas de cabra, cuerdas, joyas, mantas, chompas, chamarras con manchas de sangre, calzados de cholita, bolsones, ropa interior de mujeres, armas blancas, celulares, fotografías, documentos incriminatorios y otros.
El Grupo de Elite GICE ejecutó el pasado miércoles al menos cinco operativos en varios lugares de la ciudad de El Alto y, en dos allanamientos, arrestó a los dos "cogoteros" sospechosos del estrangulamiento de la jefa de prensa de Radio San Gabriel y su hermano locutor de otra radioemisora.
El jefe policial, confirmó que los dos "avezados criminales" están vinculados a la organización criminal integrada por Hernán Fernández Mamani, Zenón Zabaleta Quispe, Alfonso Mamani Yawasi, Eleudoro Lequipe, Ramiro Efraín Mamani (hermano de “el Botija”).
Cuatro de ellos fueron enviados al penal de alta seguridad de Chonchocoro y Mamani a la cárcel de San Pedro por orden el juez Quinto de Instrucción en lo Penal de El Alto, Daniel Espinar, el 25 de febrero.
La Policía estableció el nexo con Félix Yupanqui porque el detenido se había jactado en público de haber violado a una “miss cholita”, ganadora de un concurso de belleza de mujeres indígenas, premio que recibió Verónica Peñasco recibió en 2009.
DESTACAN LAS DETENCIONES
En París, Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresó ayer su satisfacción por el arresto de los “cogoteros”.
RSF se felicitó por la "efectividad" de la movilización de los investigadores, que se vio "influida por la gran emoción que suscitó este caso".
"No hay fatalidad frente a la impunidad", agregó esta organización, que condenó en su momento el doble asesinato.
"La detención de los hombres se desarrolló en condiciones difíciles, tomando en cuenta la sed de venganza de la población local", y apeló a que "la furia popular ceda frente al desarrollo normal de la justicia".
La audiencia cautelar se realiza esta jornada
La audiencia de medidas cautelares en contra de Félix Yupanqui y Adalid Mamani, está programada para hoy, viernes, a las 9:00 en un juzgado de El Alto.
El abogado de los “cogoteros”, Guillermo Llajsa, criticó la imputación de sus clientes. “Fueron imputados por asesinato, pero yo me pregunto si hubieron armas o balas, tampoco se premeditó nada, además extraña que se hayan quemado autos que estaban sin funcionar más de un año, al igual que casas (donde se encontraban los aprehendidos)", afirmó Llajsa.
Hasta el momento, el laboratorio criminalístico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) no se ha pronunciado, pues según el abogado de la defensa no existirían elementos suficientes en contra de sus clientes.
Llajsa, quien califica de ridículo el pedido de pena de muerte para los cogoteros, también dio a conocer que recibe amenazas por la defensa de Yupanqui y Mamani.
Irán por los que liberen a avezados delincuentes
El país implantó una norma para que los fiscales y jueces que pongan en libertad a "avezados" delincuentes sean detenidos de forma preventiva, como parte de la estrategia del Gobierno para luchar contra el crimen organizado, según anunció ayer la fiscal del Distrito de La Paz, Betty Yañiquez.
"El crimen organizado realmente está azotando al país y ante la inseguridad ciudadana no podemos ser tan indiferentes, sobre todo, las autoridades involucradas con esta problemática", dijo.
Si bien, explicó que para combatir este fenómeno, no es necesario aprobar nuevos proyectos de ley o nuevas disposiciones legales. "Con lo que tenemos es suficiente, pero hay que actuar y eso es lo que estoy haciendo", apuntó.
Así, señaló que emitió una circular instructiva en la que aclara que los fiscales y jueces que no dicten prisión preventiva para delincuentes con antecedentes o que revoquen esa medida, serán procesados por la Ley 007 e "irán a la cárcel".
Para controlar el cumplimiento de estas instrucciones, Yañiquez solicitó una copia de las actas de las audiencias celebradas contra delincuentes reincidentes, según la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).
El año pasado, tanto jueces como fiscales fueron arrestados por vínculos con antisociales.
Insisten en rechazo a la pena de muerte
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, insistió ayer que el pedido que hace la población para la implementación de la pena de muerte para los delincuentes, en el país, es inconstitucional.
"El pedido de muerte es inconstitucional, porque al negar el derecho a la vida, estamos negando toda posibilidad de que todos los derechos humanos puedan cumplirse", indicó.
Villena explicó que el derecho a la vida "es un derecho supremo que está en la base de todos los derechos" y querer implementar la pena de muerte, significaría querer intentar restituir un derecho vulnerado.
Ambos delincuentes fueron capturados el pasado miércoles por el Grupo de Investigaciones de Casos Especiales (GICE) de la Policía Nacional.
"Informar al pueblo boliviano acerca de los últimos operativos realizados por la Policía boliviana en la ciudad de El Alto que derivaron en la aprehensión de dos sospechosos presuntos implicados en el asesinato cruel, salvaje de dos hermanos periodistas, los hermanos Peñasco", explicó el ministro de Gobierno, Carlos, Romero, que compareció en la conferencia de prensa acompañado del comandante General de la Policía, Jorge Santiesteban.
Explicó que los operativos realizados por la Policía permitieron recolectar una serie de instrumentos probatorios, que serán "adecuadamente procesados en la investigación del Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales".
Romero destacó la actuación de la Policía y de sus grupos especiales, además de la participación de los medios de comunicación que posesionaron el debate de la problemática de la inseguridad y el crimen organizado.
También destacó la movilización de los vecinos y de la población que expresó su voz de alarma, de alerta, de desesperación, en algunos casos, por esos casos registrados en la ciudad de El Alto.
El miércoles se había informado de la captura de una mujer cómplice de los sujetos, aunque ayer se descartó eso.
EVIDENCIAS ENCONTRADAS
A su turno, el director Nacional de FELCC exhibió varios objetos que son considerados evidencias, como machetes, toletes, uniformes de Policía, patas de cabra, cuerdas, joyas, mantas, chompas, chamarras con manchas de sangre, calzados de cholita, bolsones, ropa interior de mujeres, armas blancas, celulares, fotografías, documentos incriminatorios y otros.
El Grupo de Elite GICE ejecutó el pasado miércoles al menos cinco operativos en varios lugares de la ciudad de El Alto y, en dos allanamientos, arrestó a los dos "cogoteros" sospechosos del estrangulamiento de la jefa de prensa de Radio San Gabriel y su hermano locutor de otra radioemisora.
El jefe policial, confirmó que los dos "avezados criminales" están vinculados a la organización criminal integrada por Hernán Fernández Mamani, Zenón Zabaleta Quispe, Alfonso Mamani Yawasi, Eleudoro Lequipe, Ramiro Efraín Mamani (hermano de “el Botija”).
Cuatro de ellos fueron enviados al penal de alta seguridad de Chonchocoro y Mamani a la cárcel de San Pedro por orden el juez Quinto de Instrucción en lo Penal de El Alto, Daniel Espinar, el 25 de febrero.
La Policía estableció el nexo con Félix Yupanqui porque el detenido se había jactado en público de haber violado a una “miss cholita”, ganadora de un concurso de belleza de mujeres indígenas, premio que recibió Verónica Peñasco recibió en 2009.
DESTACAN LAS DETENCIONES
En París, Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresó ayer su satisfacción por el arresto de los “cogoteros”.
RSF se felicitó por la "efectividad" de la movilización de los investigadores, que se vio "influida por la gran emoción que suscitó este caso".
"No hay fatalidad frente a la impunidad", agregó esta organización, que condenó en su momento el doble asesinato.
"La detención de los hombres se desarrolló en condiciones difíciles, tomando en cuenta la sed de venganza de la población local", y apeló a que "la furia popular ceda frente al desarrollo normal de la justicia".
La audiencia cautelar se realiza esta jornada
La audiencia de medidas cautelares en contra de Félix Yupanqui y Adalid Mamani, está programada para hoy, viernes, a las 9:00 en un juzgado de El Alto.
El abogado de los “cogoteros”, Guillermo Llajsa, criticó la imputación de sus clientes. “Fueron imputados por asesinato, pero yo me pregunto si hubieron armas o balas, tampoco se premeditó nada, además extraña que se hayan quemado autos que estaban sin funcionar más de un año, al igual que casas (donde se encontraban los aprehendidos)", afirmó Llajsa.
Hasta el momento, el laboratorio criminalístico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) no se ha pronunciado, pues según el abogado de la defensa no existirían elementos suficientes en contra de sus clientes.
Llajsa, quien califica de ridículo el pedido de pena de muerte para los cogoteros, también dio a conocer que recibe amenazas por la defensa de Yupanqui y Mamani.
Irán por los que liberen a avezados delincuentes
El país implantó una norma para que los fiscales y jueces que pongan en libertad a "avezados" delincuentes sean detenidos de forma preventiva, como parte de la estrategia del Gobierno para luchar contra el crimen organizado, según anunció ayer la fiscal del Distrito de La Paz, Betty Yañiquez.
"El crimen organizado realmente está azotando al país y ante la inseguridad ciudadana no podemos ser tan indiferentes, sobre todo, las autoridades involucradas con esta problemática", dijo.
Si bien, explicó que para combatir este fenómeno, no es necesario aprobar nuevos proyectos de ley o nuevas disposiciones legales. "Con lo que tenemos es suficiente, pero hay que actuar y eso es lo que estoy haciendo", apuntó.
Así, señaló que emitió una circular instructiva en la que aclara que los fiscales y jueces que no dicten prisión preventiva para delincuentes con antecedentes o que revoquen esa medida, serán procesados por la Ley 007 e "irán a la cárcel".
Para controlar el cumplimiento de estas instrucciones, Yañiquez solicitó una copia de las actas de las audiencias celebradas contra delincuentes reincidentes, según la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).
El año pasado, tanto jueces como fiscales fueron arrestados por vínculos con antisociales.
Insisten en rechazo a la pena de muerte
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, insistió ayer que el pedido que hace la población para la implementación de la pena de muerte para los delincuentes, en el país, es inconstitucional.
"El pedido de muerte es inconstitucional, porque al negar el derecho a la vida, estamos negando toda posibilidad de que todos los derechos humanos puedan cumplirse", indicó.
Villena explicó que el derecho a la vida "es un derecho supremo que está en la base de todos los derechos" y querer implementar la pena de muerte, significaría querer intentar restituir un derecho vulnerado.
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