Dejan libre al “dueño” de los cadáveres

Se le aplicaron medidas sustitutivas y no podrá acercarse a los testigos del caso

Tras establecerse que no está tipificado como delito el traslado “inadecuado” o “irresponsable” de cadáveres de una jurisdicción a otra, el rector de la Universidad de Saint Paul, Juan Villarroel Rodríguez, fue puesto ayer en libertad con medidas sustitutivas que le obligarán a presentarse cada 28 días ante la Fiscalía y con la prohibición de acercarse a los testigos presenciales del hecho.

Villarroel fue detenido por la Policía el martes en la noche, tras descubrirse que él guardaba cinco cadáveres humanos, supuestamente con fines académicos, en la terraza del edificio Ástor, donde el mencionado tenía sus oficinas.

Tras la audiencia de medidas cautelares que se celebró ayer en el Juzgado Tercero de Instrucción Cautelar, el juez Richard Veizaga estableció que no está tipificado como delito el “inadecuado o irresponsable” traslado de cadáveres de una jurisdicción a otra, aunque sí exis-te un “Reglamento de cadáveres autopsias, necropsias, traslado y otros” de carácter nacional, de interés público y aplicación obligatoria, en lo que se refiere a cuerpos sin deudos.

Según este reglamento, las instituciones médicas que realizan la investigación científica en materia de cadáveres, deberán informar periódicamente en el Registro Nacional de Cadáveres en la forma y términos que determine la autoridad de salud.

Además, deberán cumplir requisitos como depositar los cuerpos en anfiteatros o lugares refrigerados que garanticen la buena conservación de los cuerpos, una ventilación adecuada que disperse los olores que despiden y contar con un número necesario de gavetas para la custodia de los cadáveres, además de un vehículo apropiado para el traslado de los restos.

La fiscal Patricia Guevara imputó a Villarroel por atentado contra la salud pública, cuya pena, en caso de hallársele culpable, va de entre dos meses a tres años. Guevara explicó que el Rector trasladó y manipuló los cuerpos de manera irresponsable, sin observar las disposiciones sobre higiene y sanidad, ya que incluso trasladó los cuerpos desde La Paz en un camión por carretera, según sus propias declaraciones.

La Fiscal también hizo notar que los cuerpos en descomposición generan larvas que atraen moscas que luego podrían irse a asentar a lugares aledaños, como, en este caso, el mercado 25 de Mayo, frente al edificio Ástor.

Villarroel, en sus declaraciones, dijo que --de acuerdo a un convenio que tiene su universidad con el Hospital de Clínicas-- adquirió los cuerpos que no fueron reclamados por sus deudos, para que sus estudiantes realicen sus prácticas, lo cual fue corroborado por el director del complejo en La Paz, Eduardo Chávez.

El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Freddy Enríquez, dijo que los cadáveres que no son reclamados por sus allegados, son depositados en las morgues de los hospitales que son los responsables de realizar los entierros en fosas comunes.

El director del Hospital Viedma de Cochabamba, Miguel Tapia, respaldó ese criterio y manifestó que en el caso de ese centro de salud, no existe ningún convenio con ninguna universidad del sistema para la venta de los cadáveres, los cuales, si no son reclamados son enterrados en fosas comunes.

Requisitos incumplidos

El subdirector de la Felcc dijo que por más que haya existido el convenio con el hospital que le proporcionó los cuerpos, el procedimiento y manipuleo de los mismos no fue el pertinente ni cumplieron los requisitos.

“Por ejemplo, cuando hacemos un traslado de un cadáver de un lugar a otro, el Código de Tránsito prohíbe el traslado de cadáveres en vehículos donde se transportan personas, mucho más cuando se hace de un Departamento a otro”, agregó.

Existen trámites que deben presentar los interesados en el traslado de muertos, como la autopsia y el certificado de defunción firmado por un forense que debe explicar la causa de la muerte.

La fiscal Guevara dijo que por las indagaciones preliminares, se vio que los muertos fallecieron por causas naturales y que no fueron reclamados por sus deudos, lo que hace suponer que podrían haber sido indigentes.

El Ministerio de Educación anunció, mediante un comunicado, que verificará las condiciones de la Universidad Saint Paul de Cochabamba, pero sólo las condiciones técnicas, legales, académicas y de infraestructura para su funcionamiento, por lo que dejó a otras instancias el investigar el supuesto traslado de cadáveres.