Gonzáles: Forzaron juicios breves en caso Alexánder

La Fiscalía de La Paz "ocultó a jueces y procesados durante cuatro meses una resolución de sobreseimiento a favor de seis imputados", con el fin de forzar juicios abreviados y mantener una supuesta teoría de violación, denunció ayer, la senadora de Unidad Demócrata Carmen Eva Gonzales.

Dijo que la comisión de fiscales nunca mostró la Resolución de Sobreseimiento N° 001/2015, firmada el 29 de enero de 2015 por el Fiscal Asignado, Leopoldo Ramos, por el cual liberaba de culpa a los imputados, porque las pruebas acumuladas desde noviembre de 2014 a enero de 2015, “eran insuficientes” para sostener la acusación de infanticidio, y encubrimiento.

Explicó que Natty Choquetarqui Bellido y Martha Ticona Apaza, acusadas de infanticidio; Isabel Coro Colque, Darío Revollo Tapia, Lola Rodríguez Onofre y Avelaida Patty Romero Huanta, acusados de encubrimiento, fueron liberados por el Fiscal investigador, pero extrañamente, la comisión de fiscales jamás notificó a los beneficiarios.

Denunció que parte de la manipulación de este caso fue el juicio abreviado del 27 de abril, donde se impuso cinco años de reclusión a la madre sustituta Madelen Pahe Chamba, cambiando la imputación inicial de “infanticidio” por homicidio culposo.

Gonzales manifestó que avergonzado por esta situación, el fiscal Ramos se excusó de seguir conociendo el caso, porque entiende que al “Ministerio Público no le está permitido la arbitrariedad o abuso de poder, de inventar cualquier delito y sancionar a una persona porque significaría una vergüenza nacional e internacional”.

Explicó que en complicidad con la jueza de la causa, la Fiscalía, habiendo sobreseído cuatro meses antes a la enfermera Natty Choquetarqui Bellido, la llevó a juicio abreviado, para que se inculpe, a cambio de dos años de prisión por el supuesto delito de encubrimiento.

La asambleísta manifestó que esta es otra prueba más de que el Gobierno, la Fiscalía y la justicia convirtieron al proceso abreviado “en un instrumento de chantaje y extorsión” para presionar a los opositores y gente indefensa, a fin de “encubrir la ineficiencia y la corrupción de la justicia. 

El Ministerio Público, a través de una nota de prensa, informó ayer que los procedimientos abreviados son una salida alternativa de solución voluntaria, aplicada sin ninguna presión, respaldada por la Constitución Política del Estado y no vulnera los derechos y garantías constitucionales de las personas.

“Estos procedimientos tienen vigencia desde el 2001, es decir que están siendo aplicados desde hace 14 años”, manifestó el fiscal General, Ramiro Guerrero.