El “dueño” de los 5 cuerpos es economista
Cadáveres recuperados el martes en la nocheLa investigación realizada por el hallazgo del martes en la noche de cinco cadáveres en la terraza del céntrico edificio Ástor se complica cada vez más: tras las primeras irregularidades detectadas respecto a la compra y el manejo clandestino de los cuerpos, se descubrió que el hombre que los tenía en su poder con supuestos fines didácticos, en realidad es economista y no médico, como se presentó el martes.
La audiencia de medidas cautelares que debía decidir la suerte del detenido, además de una secretaria, que también fue arrestada ayer, fue suspendida para hoy a las 10:30.
Juan Villarroel Rodríguez, quien es rector de la Universidad Saint Paul, fue detenido la noche del martes, tras la denuncia de un vecino que tenía su oficina en el edificio ubicado en la esquina de las calles 25 de mayo y Sucre, donde también funciona el cine Ástor.
El detenido dijo, inicialmente, que era médico y sostuvo que compró los cadáveres a un costo de entre 1.200 y 1.500 bolivianos al Hospital de Clínicas de La Paz. Sin embargo, tras el primer día de investigación se descubrió, por la documentación presentada por el acusado, que es licenciado en Ciencias Económicas y una maestría.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Julio Miranda, dijo que los cadáveres estaban en "pésimas condiciones" y al aire libre, razón por la cual no se descarta la posibilidad de que se trate de un caso de tráfico de órganos.
La situación aún no fue confirmada por análisis forense que ayer empezó a ser practicado y que hoy será entregado a la Policía.
Los cuerpos siguen en la morgue del Hospital Viedma.
En tanto, la fiscal asignada al caso, Ingrid Mercado, evalúa el tipo penal por el cual se iniciará la investigación, que sería un atentado a la salud pública (delito tipificado por el Código Penal) por haber expuesto a todos los vecinos de esa céntrica zona a la contaminación de los cuerpos en estado de putrefacción.
Miranda informó que la segunda detenida por este caso, la secretaria de la Universidad y además estudiante de la facultad de Medicina, fue arrestada muy temprano en la mañana, cuando intentaba darse a la fuga cuando estaba “dirigiéndose a la terminal de buses para poder, seguramente, salir del departamento de Cochabamba”.
Después de ocho horas de detención, fue liberada, pues la Policía no pudo hallar ninguna prueba que la implique con el hecho, explicó Miranda.
ANOMALÍAS
Según el director de la Felcc, el propietario de los cadáveres dijo que trajo los cuerpos de La Paz en un camión de mudanzas junto a muebles para la universidad.
En casos de uso pedagógico de cadáveres, según Miranda, debe intervenir la Fiscalía, pues se deben cumplir procedimientos que regulan la utilización científica. Todo el proceso debe ser supervisado por el Ministerio Público para determinar la legalidad de los mecanismos de obtención de los cuerpos.
El responsable de la morgue de Cochabamba dijo que no existe ningún tipo de convenio con ninguna universidad del país para la entrega de los cadáveres de los indigentes para ser utilizados didácticamente por los futuros médicos.
Sin embargo, algunos estudiantes consultados por este medio, explicaron que obtienen cadáveres en cementerios clandestinos de la ciudad, que los venden entre 1.200 y 1.500 bolivianos.
Acuerdos con universidades
Hospital confirma la venta de los cuerpos
El Hospital de Clínicas de La Paz efectivamente tenía un contrato de venta con la facultad de Medicina del Hospital Saint Paul, de Cochabamba, y cada cuerpo se vendía a razón de 1.200 bolivianos, confirmó al diario La Prensa de La Paz, el director de la primera entidad, Eduardo Chávez, quien se apresuró a subrayar que este cobro es legal, con base en una resolución emitida por el ex ministro de Salud, Mario Paz Zamora, en 1990.
Según Chávez, el problema se da por el gran número de cadáveres no identificados que llegan hasta la morgue del hospital y que no son reclamados por nadie, provocando un gran acopio de cuerpos.
Una de sus opciones es la entrega de esos cuerpos a las universidades públicas y privadas, y la otra opción es darles sepultura mediante una orden fiscal, pero ningún barrio quiere acoger una fosa común para los indigentes.
Por ello, agregó que los cuerpos son entregados de forma gratuita a las universidades públicas, como la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que sólo la semana pasada se llevó 19 cuerpos, mientras que a las privadas se les cobra 1.200 bolivianos por cuerpo.
Explicó que tiene acuerdos con la UMSA, la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Univalle y Universidad Saint Paul, entre las que recordaba.
Agregó que antes de la entrega, firma un convenio con las universidades interesadas para verificar que tengan una facultad de Medicina y que funcione legalmente.
La UMSA recibe entre 30 y 40 cadáveres anuales, y las privadas, entre cuatro y cinco, de acuerdo con sus pedidos.
La audiencia de medidas cautelares que debía decidir la suerte del detenido, además de una secretaria, que también fue arrestada ayer, fue suspendida para hoy a las 10:30.
Juan Villarroel Rodríguez, quien es rector de la Universidad Saint Paul, fue detenido la noche del martes, tras la denuncia de un vecino que tenía su oficina en el edificio ubicado en la esquina de las calles 25 de mayo y Sucre, donde también funciona el cine Ástor.
El detenido dijo, inicialmente, que era médico y sostuvo que compró los cadáveres a un costo de entre 1.200 y 1.500 bolivianos al Hospital de Clínicas de La Paz. Sin embargo, tras el primer día de investigación se descubrió, por la documentación presentada por el acusado, que es licenciado en Ciencias Económicas y una maestría.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Julio Miranda, dijo que los cadáveres estaban en "pésimas condiciones" y al aire libre, razón por la cual no se descarta la posibilidad de que se trate de un caso de tráfico de órganos.
La situación aún no fue confirmada por análisis forense que ayer empezó a ser practicado y que hoy será entregado a la Policía.
Los cuerpos siguen en la morgue del Hospital Viedma.
En tanto, la fiscal asignada al caso, Ingrid Mercado, evalúa el tipo penal por el cual se iniciará la investigación, que sería un atentado a la salud pública (delito tipificado por el Código Penal) por haber expuesto a todos los vecinos de esa céntrica zona a la contaminación de los cuerpos en estado de putrefacción.
Miranda informó que la segunda detenida por este caso, la secretaria de la Universidad y además estudiante de la facultad de Medicina, fue arrestada muy temprano en la mañana, cuando intentaba darse a la fuga cuando estaba “dirigiéndose a la terminal de buses para poder, seguramente, salir del departamento de Cochabamba”.
Después de ocho horas de detención, fue liberada, pues la Policía no pudo hallar ninguna prueba que la implique con el hecho, explicó Miranda.
ANOMALÍAS
Según el director de la Felcc, el propietario de los cadáveres dijo que trajo los cuerpos de La Paz en un camión de mudanzas junto a muebles para la universidad.
En casos de uso pedagógico de cadáveres, según Miranda, debe intervenir la Fiscalía, pues se deben cumplir procedimientos que regulan la utilización científica. Todo el proceso debe ser supervisado por el Ministerio Público para determinar la legalidad de los mecanismos de obtención de los cuerpos.
El responsable de la morgue de Cochabamba dijo que no existe ningún tipo de convenio con ninguna universidad del país para la entrega de los cadáveres de los indigentes para ser utilizados didácticamente por los futuros médicos.
Sin embargo, algunos estudiantes consultados por este medio, explicaron que obtienen cadáveres en cementerios clandestinos de la ciudad, que los venden entre 1.200 y 1.500 bolivianos.
Acuerdos con universidades
Hospital confirma la venta de los cuerpos
El Hospital de Clínicas de La Paz efectivamente tenía un contrato de venta con la facultad de Medicina del Hospital Saint Paul, de Cochabamba, y cada cuerpo se vendía a razón de 1.200 bolivianos, confirmó al diario La Prensa de La Paz, el director de la primera entidad, Eduardo Chávez, quien se apresuró a subrayar que este cobro es legal, con base en una resolución emitida por el ex ministro de Salud, Mario Paz Zamora, en 1990.
Según Chávez, el problema se da por el gran número de cadáveres no identificados que llegan hasta la morgue del hospital y que no son reclamados por nadie, provocando un gran acopio de cuerpos.
Una de sus opciones es la entrega de esos cuerpos a las universidades públicas y privadas, y la otra opción es darles sepultura mediante una orden fiscal, pero ningún barrio quiere acoger una fosa común para los indigentes.
Por ello, agregó que los cuerpos son entregados de forma gratuita a las universidades públicas, como la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que sólo la semana pasada se llevó 19 cuerpos, mientras que a las privadas se les cobra 1.200 bolivianos por cuerpo.
Explicó que tiene acuerdos con la UMSA, la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Univalle y Universidad Saint Paul, entre las que recordaba.
Agregó que antes de la entrega, firma un convenio con las universidades interesadas para verificar que tengan una facultad de Medicina y que funcione legalmente.
La UMSA recibe entre 30 y 40 cadáveres anuales, y las privadas, entre cuatro y cinco, de acuerdo con sus pedidos.
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